El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a quien tuvimos el honor de entrevistar en 1998, ha elevado días atrás una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina B.
Amado Moreno
La misma exposición alcanza también a la directora de los servicios jurídicos de Podemos, María Gloria E., y a los letrados de esta formación Marta F.N. y Rául C., así como a la propia exasesora Dina B. y Ricardo D., estos dos últimos por falso testimonio. El magistrado considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se vio forzado a denunciar el jueves ante la policía las amenazas que ha recibido en redes sociales desde que pidió al Supremo que investigara al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por tres delitos en el ‘caso Dina’. Y poco después dirigió un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que pone de manifiesto la campaña de desprestigio e intimidación que dice sufrir a través de esa misma vía y algunos medios de comunicación que le atribuyen “una estrategia política” que “buscaría debilitar a una organización política”.García-Castellón, que es el instructor del ‘caso Villarejo’, con una treintena de causas, entre ellas, la del presunto espionaje por parte del Gobierno de Mariano Rajoy al extesorero del PP Luis Bárcenas, sostiene en el escrito al CGPJ que los mensajes contra su persona son “repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes” de esa formación política. Entre ellos, añade, “algunos miembros del Gobierno de la nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión de sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional“.
Para el juez la campaña pretende “restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada” contra Pablo Iglesias y otras cinco personas, “deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña”. Sostiene que el objetivo es difundir la idea de que su propuesta de investigación “no es fruto de su convicción jurídica, sino de una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política”.
En el escrito, el magistrado manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel y recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo “no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida”. En el Juzgado Central de Instrucción número 6 se investigan, además de la causas sobre las cloacas del Estado, el ‘caso Púnica” y ‘Lezo’, que salpican directamente el PP.
Dicho esto, queremos traer a colación una entrevista que realizamos al juez en 1998 porque nos parece que ayuda a entender su personalidad y labor profesional.
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ENTREVISTA REALIZADA AL JUEZ EN 1998
Manuel García Castellón, magistrado: “Hay que proteger al débil y hacer que las penas se cumplan”