Vicente Garrido

Entrevista realizada el 27 de enero de 2008.

Vicente Garrido, designado Fiscal-Jefe en 2003, fue nombrado nuevamente como Fiscal-Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el Consejo de Ministros del 8 de noviembre de 2008. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, con la promoción  1972-1977; ingresó en la Carrera Fiscal por oposición libre, nombrado Abogado Fiscal, Grado de Ascenso, por Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1982, para tomar posesión en la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Las Palmas el 25 de octubre de 1982.

Promocionó a la categoría de Fiscal por Real Decreto de 6 de marzo de 1985, publicándose el nombramiento en el BOE de 15 de marzo de 1985 para desempeñar el cargo en plaza de Segunda Categoría en la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Las Palmas desde el 16 de marzo de 1985. Por Real Decreto 1016/2003, de 25 de julio, publicado el nombramiento en el BOE de 26 de julio de 2003, es nombrado Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y por Real Decreto 1850/2008, de 8 de noviembre, publicado en el BOE de 11 de noviembre de 2008, fue renovado como Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias. Desde su ingreso en la carrera fiscal he desarrollado su actividad profesional en la Fiscalía del T.S.J de Canarias.Desde el año 1982 se ocupó del despacho ordinario de los asuntos que tenían entrada en la Fiscalía: penales, civiles, contenciosos administrativos, vigilancia penitenciaria, sin distinción de especialidad por la materia. Con carácter exclusivo desde el año 1984 estuvo encargado de la tramitación de los asuntos penales derivados del Juzgado de Instrucción nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, asistiendo regularmente a las vistas orales del Juzgado de Instrucción, posteriormente Juzgados de lo Penal y secciones de la Ilma. Audiencia Provincial, permaneciendo en tal actividad hasta el año 1999. Desde el año 1987, a la entrada en vigor de la Ley 21/1987 de 11 de noviembre sobre Adopción y Acogimiento Familiar, estuvo encargado, junto con la tramitación de los asuntos del Juzgado de Instrucción nº 4 de Las Palmas, de la materia de protección de menores, permaneciendo así hasta el año 1997. Tal actividad supuso:

– La elaboración de los criterios de actuación, aprobados por la Junta de Fiscalía, en el ámbito de aplicación de la Ley, (declaraciones de desamparo, supuestos de acogimiento y adopciones, etc).

– La elaboración de los criterios de colaboración y coordinación con las autoridades administrativas encargadas de protección de menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma. (Dirección General de Protección del Menor y la Familia, responsables sociales de los distintos Cabildos Insulares y responsables sociales de los diferentes Ayuntamientos de la Provincia).

– Control y supervisión de todas las declaraciones de Desamparo, propuestas de Acogimiento y Adopciones de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia.
Intervención en todos los procedimientos judiciales, antes los juzgados de Primera Instancia, derivados de la implantación de la Ley.

– Realización de las visitas de inspección a los diferentes centros de acogida de menores de la provincia.

– Tramitación de las Diligencias de Investigación derivadas de la aplicación de la Ley, interponiendo las correspondientes querellas por falsedad en los supuestos de adopciones fraudulentas.

A partir de febrero de 1989, por delegación del Fiscal Jefe correspondiente, asumió la dirección de la sede de la Fiscalía en el edificio de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Desde marzo de 1999 hasta julio de 2003, Coordinador de la Sección 1 de Penal de la Fiscalía y de la Sección de Civil-Menores Protección. Y a partir  del año 2001 coordinó la implantación en la Fiscalía del sistema informático “Atlante”, supervisando los criterios de gestión de la aplicación para procurar un mejor desarrollo y perfeccionamiento de la misma.

—¿Le gustaría seguir en el cargo después de julio?
— Sinceramente, sí.

—¿Mantiene, no obstante, alguna otra aspiración profesional para cuando sea relevado?
— La máxima ilusión de mi vida la tengo cubierta y es la de ser fiscal. Si no soy el fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias seguiré siendo fiscal y cumpliendo con mi vocación, que es la de ejercer esta carrera por encima de todo. Jamás me he cuestionado dejar de ser fiscal.

—¿En Canarias o Madrid?
— Está prevista estatutariamente la adscripción del fiscal superior, cuando deje de serlo, a la fiscalía en la comunidad autónoma correspondiente.

—¿Por qué desea seguir en el cargo?
— Creo que esta nueva etapa, insisto, es apasionante. Abordamos una fórmula que nos permite cumplir mejor el principio de unidad de actuación. Y me gustaría aportar mi grano de arena al desarrollo de esta nueva estructura del Ministerio Fiscal, no como ambición personal sino estrictamente profesional.

—¿Considera que cuenta ahora mismo con los apoyos suficientes para continuar?
— No me lo he planteado. No creo que hagan falta…

—¿Qué asuntos concretos aspira a rematar antes de julio?
— Poner en marcha los primeros pasos de esta nueva estructura, impulsar las juntas de fiscales jefes provinciales y el establecimiento de criterios únicos en una materia que me parece especialmente necesario, como es la aplicación informática que nos une a todas las fiscalías.

—Su designación como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se produjo en tiempos de un gobierno del PP, presidido por Aznar. ¿Prevé que su permanencia futura estará determinada por los resultados de las elecciones generales del 9 de marzo y que tendrá menos posibilidades si repite triunfo el PSOE?
—No me la he cuestionado en relación con esa circunstancia. Mi renovación será una decisión del ministro de Justicia previa proposición del fiscal general del Estado correspondiente y después de oír al Consejo Fiscal, si les parece que mi actuación profesional es digna de una renovación. Es el elemento que debe tenerse en cuenta, no el color político del Gobierno que esté en ese momento.

—En su toma de posesión señaló como objetivo la búsqueda de la unidad de actuación permanente del Ministerio Público en toda Canarias. ¿Abarca ese marco de intenciones las fiscalías Anticorrupción, dependientes en la actualidad directamente de su superior en Madrid?
— Hay dos fiscalías especiales: la Antidroga y la Anticorrupción. Esos fiscales están integrados en las fiscalías provinciales correspondientes. Son necesarias forzosamente la dación de cuenta y la coordinación absoluta con su fiscal jefe provincial y con su fiscal jefe superior de la Comunidad Autónoma.

—El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en el mismo acto de su toma de posesión, valoró como esencial la colaboración en las relaciones entre instituciones de la Comunidad Autónoma y el Ministerio Fiscal. ¿Cómo recibe usted esta oferta, que se produce poco después de que los fiscales Anticorrupción hayan entrado a saco en algunas de esas instituciones canarias?
— La recibo como debo entenderla. Las relaciones entre los órganos de gobierno de la comunidad autónoma y el Ministerio Fiscal deben basarse en el principio de la colaboración en aquellos temas que sean de mutuo interés. Las unidades de apoyo que necesitará la Fiscalía para su funcionamiento deben ser facilitadas por la comunidad autónoma. Es necesario hablar de relación y colaboración, al margen de la actuación concreta que, basándose en el principio de legalidad e imparcialidad, corresponde ejercer al Ministerio Fiscal. 

—¿Cuál ha sido su papel en esas actuaciones de las fiscalías Anticorrupción?
—Como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias he tenido conocimiento en todo momento del trabajo que se hacía y de las actuaciones que se llevaban a cabo. 

—El último gran escándalo destapado ha sido el caso Las Teresitas, a cuyo sumario, de unos 20.000 folios, se puede ya acceder. En una fase inicial se llegó a cuestionar la aparente lentitud de la fiscal María Farnés en el procedimiento de esta causa, en contraste con la agilidad que se le atribuía a Luis del Río, fiscal Anticorrupción de Las Palmas en los casos que éste alumbraba…
— La actuación de mi compañera María Farnés ha estado marcada siempre por el rigor, por el estudio de una realidad muy compleja. La supuesta lentitud que algunos le atribuyeron creo que obedece al desconocimiento de la complejidad del tema, en modo alguno pone en entredicho el rigor y la eficacia de la actuación de la fiscal. Después de un estudio serio, sereno y reposado culmina con la presentación de una querella.

—Al igual que sucede con la judicatura, se plantean quejas con la falta de estabilidad en las plazas de fiscales en Canarias…
— Cierto. La permanente inestabilidad en las plazas genera disfunciones o retrasos de la administración de Justicia. Ello sucede también en el Cuerpo de secretarios judiciales y de los forenses. Se resuelve con la fórmula provisional de los fiscales sustitutos, aunque esta opción no siempre cumple con las expectativas deseadas. La realidad en la provincia de Las Palmas es que con una plantilla de medio centenar de fiscales, las vacantes cubiertas por sustitutos no superan la cifra de 14.

—La mayor sensibilidad de la sociedad con los problemas medioambientales generó, en su momento, la creación de una sección del Ministerio Público destinada a investigar las denuncias de los delitos en este campo. ¿Qué saldo destacado ofrece la actuación en Canarias?
— Estamos ante un tema capital, como es el de la lucha por la preservación de nuestro entorno y el medio ambiente. Es una obligación de todos. Contamos con una sección dotada nada menos que de tres fiscales, que están desplegando una función extraordinaria. Algunos procedimientos han sido archivados y otros terminan en denuncias y condenas, bien sea de medio ambiente, prevaricación urbanística, ruidos, ordenación del territorio, etc. La pasada semana quedó registrada la primera sentencia condenatoria por un tema de ruido, después de que la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía interviniera.

—El alcalde de Telde, imputado por presunta prevaricación administrativa en el denominado caso Yrichen, ha sugerido que éste fue animado por una fiscal residente cerca del centro…
— Sin el menor ánimo de entrar en polémica al respecto, sólo le diré que ningún fiscal realiza un escrito de acusación si no es con sometimiento estricto al principio de legalidad.

—Las nuevas tecnologías, en concreto la Red, empiezan a ser un coladero para la delincuencia. ¿Cómo se ataca desde la Fiscalía esta realidad?
— A pesar de que la administración de Justicia es mastodóntica, el Ministerio Fiscal es muy sensible con la nueva situación. La Fiscalía del Estado, con la flexibilidad de que goza este departamento, ha creado la figura del fiscal de Sala para combatir la delincuencia informática, lo que a su vez se ha traducido en otro fiscal encargado en cada provincia española de todo lo relacionado con ese tipo de delitos (estafas, pornografía infantil, etc). Estamos en una fase incipiente, pero caminando hacia un mayor desarrollo.